Sobre una reunión política, religiosa o cultural

Hace siete días, el pasado 16 de enero de este 2017, los diarios publicaban la sentencia del Tribunal Supremo sobre el asalto al Centro Cultural Blanquerna por un grupo de ultraderechistas sucedido en 2013.

Esta sentencia envía directamente a prisión a los autores del mismo -revocaba la pena de 8 meses de cárcel impuesta por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid- y endurecía la condena a los asaltantes con penas que oscilan entre los tres años y 11 meses y los cuatro años y dos meses. A partir de 2 años, se ha de ingresar en la cárcel, según el Código Penal.

El grupo ultraderechista entró por la fuerza en el Centro Cultural durante una acto en el que estaban presentes algunas autoridades catalanas el día 11 de septiembre de 2013 cuando celebraban “Diada” de Cataluña.

El Tribunal Supremo ha estimado la petición de la Fiscalía y de la acusación de la Generalitat de aplicar la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica. “El motivo impulsor del delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideología catalanista” destaca la sentencia del Supremo que revoca la emitida por la Audiencia.

El Supremo valora también los delitos de desórdenes públicos e impedimento del derecho de reunión en su nueva sentencia, y definitiva. Por todo ello, discriminación ideológica, desórdenes públicos e impedimento del derecho de reunión, los asaltantes han visto incrementada la sentencia condenatoria.

No hace mucho se publicó, la sentencia definitiva sobre el asalto a una capilla católica en una universidad, también en Madrid, protagonizado, entre otras, por una concejal del Ayuntamiento de la capital. En este asalto se incluían gritos como “Arderéis como en el 36” y otros.

Esta sentencia se publicó un mes antes, el 16 de diciembre, y los protagonistas del asalto y las amenazas quedaron absueltos por la Audiencia de Madrid del delito de ofensas a los sentimientos religiosos.

Disculpen la pesadez jurídica de este comentario; termino enseguida.

En un estado aconfesional, los delitos de carácter religioso no deberían existir. Y juzgarse este tipo de atentados como “intolerancia” hacia las ideas de otras personas. Como en el caso del asalto al Centro Cultural Blanquerna (dicho sea con todo respeto a los creyentes que piden respeto a sus lugares de culto, sean iglesias, mezquitas, sinagogas, etcétera).

Asimismo, se aprecian desórdenes públicos en el asalto a la capilla; lo mismo que impedimento del derecho de reunión. En definitiva, confluyen en este asalto a la capilla tantos agravantes como en el del centro cultural mencionado, por lo que sorprende la disparidad de criterios legales a la hora de interpretar hechos concretos. Dejamos de lado, sin entrar a juzgar ni opinar los gritos de “arderéis como en el 36” porque esto no es un debate jurídico y nos alargaríamos más aún.

Se trata con este artículo de mostrar extrañez, mucha extrañeza por la desparidad de criterio para juzgar los mismos hechos. Se pide un criterio normal, equitativo, igualitario, sin discriminaciones. No es sólo petición o ruego o súplica a  los magistrados. También es una invitación a reflexionar a los particulares, a los aficionados, al paisanaje en general.

A hechos iguales, criterios iguales, sentencias parejas.

Si vamos a los toros, vemos que en las manifestaciones antitaurinas concurren idénticos hechos: discriminación ideológica -la tauromaquia es un bien cultural a preservar- (intolerancia a la ideología catalanista sentenció el Supremo en el primer párrafo). Además  vemos escritos y oímos insultos a los aficionados. Y coacciones también hacia el público que libremente acude a los toros.

¿A qué conclusión se quiere llegar?

A la siguiente. Cuando vamos a los toros pedimos al resto de la ciudadanía respeto; ser considerados como espectadores que acuden a un evento público, como puede ser el cine, o el teatro, o una reunión para celebrar el día nacional de la marmota o de “Divertilandia”.

No queremos ser considerados como la parte catalanista en la primera sentencia (pedían 17 años de cárcel contra los asaltantes el Centro Cultural Blanquerna).

No exigimos que no se manifiesten contra un bien cultural los “antis”. De hecho, que se manifiesten a 500 metros de la plaza de toros -como exigen las leyes en Francia- nos parece suficiente.

No queremos poner la otra mejilla, ser considerados los taurinos como la parte equivalente de los fieles católicos en el asalto a la capilla de la universidad. Sí que nos gustaría una cierta unidad de criterio.

El derecho de reunión por motivos políticos (celebrar el día de Cataluña en Madrid) o por motivos religiosos (asistir a un acto en una capilla en la universidad) o por motivos culturales (acudir a una plaza de toros o a una exposición sobre tauromaquia) deberían ser derechos de igual valor para los tribunales. Interrumpir una reunión política, o religiosa, o cultural -una fiesta de la tauromaquia- debería tener idéntica consideración legal para todos.

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